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El Compliance, la protección 100% de las empresas

La Reforma del Código Penal, que entró en vigor hoy 1 de julio, permite eximir a las empresas de la responsabilidad penal que se deriva de los delitos de sus administradores, apoderados, directivos y  empleados.

¿Qué sucede si en las instalaciones de una compañía, un directivo o empleado de la misma, realiza actividades delictivas, como el apropiarse dinero de los clientes cuando estos piensan que están contratando con la empresa, y por supuesto, no presta el servicio? ¿Qué ocurre cuando un administrador o un representante legal de una compañía, se extralimita en sus funciones y acepta como ciertas algunas facturas de servicios siendo consciente de su falsedad, para conseguir así un beneficio fiscal? ¿Y si cualquiera de los anteriores revela datos confidenciales de un cliente o dispone de los datos de sus tarjetas, las clona o utiliza sus fondos a los que ha tenido acceso en el desempeño de su cargo? Estos son sólo algunos de los ejemplos más habituales que fácilmente podemos observar en nuestro día a día, y que pueden hacer incurrir en responsabilidad penal a su empresa, y no solo a la persona que comete el delito físicamente.

Las compañías no están libres de que ninguno de sus representantes, directivos o empleados, terceros que actúen en nombre de la empresa, incluso sus administradores, cometan un delito o infracción criminal pero sí pueden evitar la responsabilidad penal que les corresponde asumir, según nuestra legislación.  La nueva reforma del Código Penal que hoy entra en vigor permite implantar un programa de prevención denominado “compliance penal” que exime a las empresas de las penas a las que se enfrentaría por la comisión de un delito por parte de uno cualquiera de sus miembros, ya integren su plantilla o su consejo de administración.

La novedad es que hasta ahora el Compliance se contemplaba como un atenuante y desde hoy será un eximente, como ya sucede en EEUU que se sitúa a la cabeza en la persecución de delitos en el seno de las empresas, y al que ahora España sigue muy de cerca.

 

Las penas si no se implanta el Compliance penal

Las penas que una empresa puede llegar a asumir si no ha implantado el Compliance penal van desde multas, suspensión de su actividad por un máximo de cinco años a la disolución de la sociedad. Multas que perturbaran a la empresa en todas las facetas y niveles, afectando en definitiva de manera directa, real y económica a todos sus socios, administradores y empleados. Además del perjuicio en la reputación y la imagen pública de la empresa, con la consiguiente disminución de ventas y pérdida de ingresos, una condena penal puede suponer no cobrar beneficios al socio durante muchos años, y la perdida de una inversión duramente trabajada en el tiempo; avocar a la sociedad a un concurso de acreedores a pesar de ser una de las punteras en el sector durante décadas; soportar Eres o despidos colectivos de trabajadores, al intentar adaptar las circunstancias a las nuevas condiciones económicas que ha implicado la sanción; la perdida de inversiones, de financiación, etc, y todo ello por un delito cometido por una sola persona que integraba esta sociedad.

Resulta necesario proteger a la empresa y al colectivo que la conforma de estos riesgos, y la reforma habilita y da respuesta a este problema.  La empresa quedará libre de responsabilidad si el Compliance se ha implementado de forma correcta por especialistas y si el órgano de control designado ha cumplido sus tareas de supervisión.

Margarita Santana lleva casi dos décadas como abogada, y los últimos 12 ejerce de manera activa la defensa y acusación penal. Está especializada en dar servicio integral a las empresas en sus tres áreas laboral, fiscal y contable. Ha adquirido un expertise jurídico que no poseen las consultoras y un conocimiento de la práctica en litigios penales que no tienen otros despachos genéricos. Desde Lex Consulting afirma: “Las empresas pueden evitar una condena siempre que el Compliance esté bien diseñado e implementado. Esta obligación se extiende a cualquier tipo de compañía y es crucial un programa de formación para  administradores, directivos y empleados”

La legislación ha dado la oportunidad a las empresas españolas para que puedan detectar y prevenir los delitos en su seno y ha establecido una guía que los especialistas en Compliance deberán adaptar a la realidad de las compañías. Pero más allá, nos da la oportunidad de generar una cultura de empresa que persiga la criminalidad empresarial.

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