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El Tribunal Supremo otorga mayores garantías al Derecho Fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

TribunalEl pasado mes de abril nuestro Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia núm. 329/2016, que amplía las garantías del derecho a la inviolabilidad del domicilio que reconoce la Constitución Española en el art. 18.2, al determinar que es inválida la observación efectuada por los agentes de la policía del interior de la vivienda del acusado sin autorización judicial y valiéndose para ello de unos prismáticos.

A este respecto, esta Sentencia establece que cuando los agentes utilizan instrumentos ópticos que convierten la lejanía en proximidad, no significa que el morador no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior, dado que el domicilio no pierde su protección constitucional por el hecho de que las cortinas no se hallen debidamente cerradas o las persianas no bajadas, por lo que la intimidad, en estos casos, ni desaparece ni implica que el morador haya implícitamente autorizado la observación del interior del inmueble. En este sentido, revoca la anterior tesis fijada por el propio Tribunal Supremo en la Sentencia de 15 abril de 1997, respecto a un supuesto de hecho análogo, que establecía que no se requería autorización judicial para la observación realizada a través de una ventana, siempre y cuando no hubiese que vencer ningún obstáculo que se haya predispuesto para salvaguardar la intimidad, es decir, cuando a través de la ventana se permitiese ver la vida que se desarrolla en el interior del domicilio.

Conviene en este punto precisar, en cuanto al alcance del concepto de domicilio, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEHD) entiende que abarca tanto al de las personas físicas como al de las personas jurídicas, en especial en aquellos supuestos de sociedades de un solo socio, pero también de la sede social, sus agencias o locales profesionales de las demás, es decir, su domicilio social y sucursales. De este modo, se ha reconocido de una manera más real y efectiva la protección del domicilio de personas jurídico-privadas frente a injerencias de la autoridad, que pueden ser de naturaleza física o virtual.

No obstante lo anterior, la Sala Segunda de este Tribunal nunca se había pronunciado sobre las implicaciones jurídicas de la utilización de prismáticos, a pesar de que son muchos los supuestos en los que las tareas de vigilancia policial se valen de aparatos de reproducción del sonido y de la imagen, al menos desde el punto de vista de la salvaguarda del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Únicamente se refería al uso de máquinas fotográficas cuando decía que para la labor de captación de imágenes por medios de reproducción mecánica es preceptiva la necesidad de autorización judicial y debe concederse por el órgano judicial en resolución motivada y proporcional, siempre que se trate de domicilios o lugares considerados como tales, pues a ellos no puede ni debe llegar la investigación policial, que debe limitarse a los exteriores.

Cabe decir que el agente que percibe con sus ojos lo que está al alcance de cualquiera no vulnera ningún derecho fundamental, de hecho puede declarar como testigo lo que vio y observó cuando realizaba tareas de vigilancia y seguimiento, dado que nuestro ordenamiento no impide que, vigente una investigación penal, se puedan llevar a cabo observaciones y seguimientos en recintos públicos. En este sentido, la legislación vigente permite a la policía judicial obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se encuentre en lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación o para localizar los instrumentos y efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos, aunque somete a autorización judicial la utilización de dispositivos electrónicos orientados a la grabación de imágenes o de las comunicaciones entre ciudadanos que estén siendo investigados y se hallen en su domicilio o en un lugar público.

Sin embargo, no se contempla expresa previsión sobre el empleo de prismáticos, los cuales no permiten la grabación de imágenes, aunque sí que se equiparan a ellas, dado que pueden suponer igualmente una intromisión en la intimidad domiciliaria cuando se aporten al proceso penal. A este respecto, cualquier referencia que la legislación realice sobre videocámaras, cámaras fijas o móviles, se entiende hecha también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita una grabación, en el que se entienden incluidos los prismáticos. En cuanto a los principios a respetar en el empleo de los mismos, cabe destacar que no se podrán usar videocámaras para tomar imágenes o sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización policial, al igual que tampoco grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada, debiendo el responsable de su custodia proceder a su destrucción inmediata en el caso de se obtuviesen accidentalmente las imágenes y sonidos.

En definitiva, la resolución del Tribunal Supremo pretende la defensa de la intimidad libre de injerencias o intromisiones no permitidas por la ley y por la Constitución, ya sea en el domicilio de una persona física o de una persona jurídica. En este sentido, se entendió que se produjo una intromisión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, injerencia que ocasionó que se declarara nula la observación de los agentes con prismáticos sin mediar autorización judicial, por lo que la inutilización de la principal prueba de cargo derivó en un vacío probatorio y en la consiguiente absolución de los acusados.

Elisa Cabrera González

Abogada Lex Consulting Abogados

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