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La Reforma de la Ley General Tributaria

El pasado 21 de septiembre se publicaba la ley 34/2015 de modificación parcial de la ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). Como indica el propio preámbulo de la ley, el objeto de esta reforma es la adaptación continua de la norma tributaria a la evolución de la sociedad. Pues bien, vistas las modificaciones introducidas en la ley pueden establecerse 3 objetivos básicos:

  • Prevenir y luchar contra el fraude fiscal.
  • Reducir la litigiosidad y reforzar la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración.
  • Incrementar la eficacia administrativa de los tributos así como agilizar la actuación de los Tribunales.

Llama la atención la publicación de las llamadas “listas de morosos”

Dentro de las medidas de lucha contra el fraude fiscal, llama la atención la publicación de las llamadas “listas de morosos” (art. 95bis LGT), de las que se ha venido hablando a lo largo del último año. Estas lista estarán compuestas por aquellos contribuyentes cuya deuda con a la Hacienda Pública sea superior a un millón de euros y dichas deudas no se encuentren aplazadas o suspendidas y se publicarán con los datos  existentes a 31 de diciembre del año anterior. Esta medida es seguramente la que más repercusión ha tenido a lo largo de los últimos meses en los medios, aunque la realidad es que el único efecto que tendrá es el meramente informativo, aparte de la polémica suscitada en torno a la protección de datos de los contribuyentes.

En relación con la investigación de delitos fiscales, la ley 34/2015 establece la imprescriptibilidad del derecho de la Administración a comprobar créditos fiscales de ejercicios ya prescritos. Con esta modificación del artículo 66 bis de la ley se contempla el derecho de la administración a comprobar, que no a investigar o liquidar, el origen de los llamados créditos fiscales con origen en ejercicios ya prescritos.

En lo referente al cobro de las deudas tributarias en los casos de delito fiscal, se establece el procedimiento para la liquidación de las mismas en vía administrativa. Con esta modificación se pretende garantizar el cobro del tributo aunque se inicie un proceso judicial por delito contra la Hacienda Pública.

En cuanto a la mejora de la gestión en materia de tributos, se ha modificado el plazo de duración del procedimiento de inspección tributaria, que pasa de los 12 meses anteriores a 18 meses para el plazo general y 27 para el plazo ampliado (empresas que deben ser auditadas, régimen de consolidación fiscal o régimen de grupo de entidades que esté siendo objeto de inspección). Con esta medida se simplifica el sistema de plazos anterior que permitía un difícil seguimiento de los plazos debido al complejo sistema de interrupciones y dilaciones de plazos no imputables a La Administración. Lo que se pretende es dar una estimación más previsible de finalización de las actuaciones inspectoras.

Agilizar y simplificar las actuaciones y establecer nuevos mecanismos en la lucha contra el fraude fiscal

Además de lo señalado anteriormente, destacamos la modificación introducida en el artículo 119 de la ley en lo referente a la presentación de declaraciones complementarias o rectificativas con el objeto de modificar la posible deuda resultante de los procedimientos de comprobación por parte de la Administración. Con esta modificación se pretende evitar la aplicación de cantidades pendientes resultantes de las citadas declaraciones complementarias y que podría alterar la calificación de la infracción del periodo objeto de comprobación.

En resumen, podemos concluir que con todas las medidas introducidas en la nueva redacción de la ley se busca agilizar y simplificar las actuaciones en materia de gestión administrativa de los tributos y establecer nuevos mecanismos en la lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo existen sectores muy críticos en cuanto a la eficacia real de estas medidas y, sobre todo, en cuanto a otros problemas fiscales como son las prácticas de políticas fiscales agresivas por parte de grandes multinacionales y que no han sido objeto de revisión en la nueva ley.

 

Jesús Santana Lorenzo

Equipo Fiscal Lex Consulting

Accounting Manager

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