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Sala de Prensa

Más responsabilidad penal para Rosell que para el club

A la vista del contenido del escrito del fiscal en su petición de responsabilidades por el fichaje de Neymar, debemos distinguir dos aspectos. Uno procesal puro, relacionado con la imputación del FC Barcelona como persona jurídica, y con la solicitud de imputación dirigida también contra el club, pero de forma conjunta con su actual presidente. El otro, tributario, referido al tratamiento fiscal de las cantidades desembolsadas para el fichaje de un deportista y, en su caso, retribución por los servicios prestados.

Resulta llamativo que en la primera parte del escrito del fiscal se indique que Rosell ostentaba «la plena representación del Fútbol Club Barcelona y la Junta Directiva ante Terceros», para más adelante reconocer que los acuerdos posteriores y las cantidades que realmente se devengaron -y en algunos de los casos se abonaron por adelantado- para incorporar al jugador a la disciplina del equipo una temporada antes de lo previsto, fueron ocultadas de forma deliberada al club, pese a la solicitud de información de los socios, hasta el punto de que «no se incluyeron en las cuentas anuales de la sociedad que fueron aprobadas», dejando abierta a estos efectos la falta de responsabilidad penal del FC Barcelona por estos hechos.

A lo anterior se añade la imputación a Rosell, por los mismos hechos, de un delito societario que implica el abuso de funciones, la disposición fraudulenta de bienes de la sociedad, contrayendo obligaciones que causan un perjuicio en sus socios evaluable económicamente, lo que da cuenta de la falta de intervención directa del club, sin perjuicio de su responsabilidad civil subsidiaria.

Cosa distinta es la nueva petición de imputación contra el FC Barcelona y su actual presidente, Josep Maria Bartomeu, por hechos presuntamente constitutivos de delito contra la Hacienda Pública cometidos en 2014, cuando el jugador ya residía fiscalmente en España. Sin entrar en la consideración sobre el fondo, las consecuencias de una condena penal para la persona jurídica -en este caso el FC Barcelona- podrían acarrear, entre otras, la prohibición de actividades, el cierre de sus locales, o incluso su disolución.

 

Articulo original: http://www.elmundo.es/deportes/2015/02/03/54d0921f268e3e391e8b4574.html

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