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Responsabilidad Penal De La Persona Jurídica Y Su Imputación, El Artículo 119 De La L.E.Crim

imputacionQue hoy día la responsabilidad penal de las personas jurídicas está en boga es incuestionable; desde la introducción del artículo 31 bis en nuestro Código Penal tanto en su redacción originaria en 2010 (LO 5/2010), como en la vigente derivada de la LO 1/2015, son muchos los artículos y las opiniones que se han vertido al respecto y que remarcan la importancia de esta figura de reciente creación en nuestra cultura penal; no obstante, el mayor elemento que en estos días da luz y clarifica esta responsabilidad penal, su repercusión en la persona jurídica, los requisitos exigidos para su concurrencia y las causas de exoneración de su responsabilidad en la comisión de un delito, son las sentencias que nuestros Juzgados y Tribunales van dictando al respecto.

En este sentido la primera sentencia que destacó en todos los medio por ser la pionera en recoger la condena a una persona jurídica por la comisión de un delito fue la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 29 de febrero de 2016, (STS 154/2016, de 29 de febrero), en ella el Alto Tribunal hacia un profuso análisis de los requisitos que debían concurrir y además hacía alusión a posibles problemas de orden procesal que podrían derivarse de esta inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El principal de los problemas que surge, y que analizaremos en este breve artículo, es la concurrencia más que probable del conflicto de intereses que puede darse entre el derecho a la defensa de la persona jurídica, y el de la persona física acusadas, máxime si esta última tiene un cargo de dirección efectivo o control directo de la persona jurídica y es concretamente el posible responsable de la infracción investigada. Sobre este tema concretamente queremos destacar la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Secc. 17ª, Sentencia 373/2017 de 2 de junio de 2017, en la que se desestima el recurso de apelación del Abogado del Estado contra una sentencia absolutoria en un delito contra la Hacienda Pública de defraudación de IVA de una persona jurídica como consecuencia, entre otras cosas, de haber estado la misma representada en el acto del juicio por otro de los acusados y miembro activo de la mercantil que confesó los hechos y se conformó con la condena reintegrando parte de lo defraudado, y no haber solicitado el Abogado del Estado el reconocimiento de los hechos por parte de la persona jurídica, contra la que únicamente él era quien mantenía la acusación, no habiéndose practicado por tanto en el plenario prueba alguna que enervase la presunción de inocencia de la persona jurídica y su participación criminal en la actividad delictiva.

Esta situación, sobre la que como hemos visto ya vaticinó el Tribunal Supremo, puede conllevar peligrosamente la contravención del derecho a la defensa y demás garantías procesales que al igual que la persona física, le son aplicables a la persona jurídica, por lo que hay medidas que tienden a evitar estos riesgos; nos referimos concretamente a la comparecencia de la persona jurídica en virtud del artículo 119 de la L.E.Crim. El artículo 119.1 a) de la L.E.Crim, establece que: “Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley, haya de procederse a la imputación de una persona jurídica, se practicará con ésta la comparecencia prevista en el artículo 775, con las siguientes particularidades: a) La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la entidad que proceda a la designación de un representante, así como Abogado y Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación del representante no impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y Procurador designado.”

Por tanto, y para evitar la posible contraposición de intereses, por parte de los Jueces y Tribunales debe propagarse la necesaria comparecencia de la persona jurídica para que designe un representante específicamente para el procedimiento en que es parte, así como para que este representante designe Abogado y Procurador, que no tienen que ser necesariamente los de la persona física imputada como ocurría en el caso de la sentencia examinada. Cuestión que debe potenciarse más y sobre la que Jueces y Tribunales -según nuestra extensa experiencia en responsabilidad penal de la persona jurídica- no caen en la mayoría de las ocasiones, debiendo ser el abogado defensor quien muchas veces tome la decisión de diversificar estos intereses y evitar con ello su contraposición.

Y es que, evitar esta contraposición de intereses con la persona física responsable investigada -que en algún caso puede no mostrar el interés que debiere en defender los intereses de la mercantil en su bien propio-, podría conllevar para la persona jurídica importantes beneficios de cara a la depuración de su responsabilidad con beneficios punitivos por la aplicación de alguna atenuante de artículo 31 quáter del CP o incluso con la aplicación de la exoneración de responsabilidad penal del artículo 31 bis. 2 del mismo cuerpo legal por la efectiva implantación en el seno de la organización de un modelo de cumplimiento normativo o Compliance Penal.

Noelia Vázquez Gómez
Abogada
Lex Consulting Abogados S.L

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