Firmas

Responsabilidad Penal de las Empresas en el Derecho Español

SEAT S.A , IMPLICADA EN LA CRISIS DE LOS MOTORES VOLKSWAGEN:
“ VICTIMA o VERDUGO ” DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA.

En julio de 2015 entro en vigor La Ley Orgánica 1/2015, la cual ha reformado el Código Penal en varias materias, destacando entre ellas, el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A estas alturas, y dada su gran trascendencia para las empresas, pocos son los empresarios que escapan al conocimiento de que,  en mayor o menor medida,  sus sociedades pueden responder penalmente, aunque para muchos de ellos todavía resulta algo etéreo, poco tangible o aparentemente no aplicable a su circunstancias profesionales.

Por otra parte, son innumerables los artículos y noticias publicados en prensa a raíz de la crisis sin precedentes que vive el Grupo Volkswagen y frente a la cual, ya se han interpuesto varias denuncias, tanto en vía penal como en otros órdenes jurisdiccionales.

Resulta interesante conjugar estas dos cuestiones de transcendencia pública y llevarlos a la práctica en el Derecho Penal español. Una de las empresas a las que pudiera derivase esta responsabilidad es la mercantil SEAT S.A., siendo esta la filial española del Grupo Volkswagen, y que, según ella misma ha admitido, tendrá que dar la cara por 700.000 vehículos que montó con el motor diésel EA 189.

Antes de analizar la situación de esta filial, es importante señalar que fuera de nuestras fronteras, la posición de otras filiales difiere de la española, tanto por su composición accionarial, como por las normas penales que rigen  en cada estado. Así, Audi AG, otra de las filiales del grupo, optó por demandar a Volkswagen por vía penal por la manipulación en los motores.


El caso Seat España

¿Por qué no ha actuado así Seat España?  Hay una diferencia fundamental entre estas dos filiales. Audi, es una filial cotizada, no participada al 100% por Volkswagen y en la cual los administradores de esa sociedad están obligados, por temas de cumplimiento normativo, a velar por los intereses de todos los accionistas, especialmente, de los minoritarios. Para evitar que estos minoritarios presenten reclamaciones contra los propios consejeros y aparentemente bajo la teoría que no hay mejor defensa que un buen ataque, Audi intentar proteger su prestigio propio, y sus administradores  intentan blindarse ante posibles acciones por parte de los minoritarios, siendo los actos de omisión duramente sancionados por la legislación alemana.

La situación, y medidas adoptables por SEAT S.A. son diferentes. En este caso, se trata de una filial participada al 100% por el Grupo Volkswagen, tiene personalidad jurídica propia, y debe someterse a la legislación española. Por tal motivo, la defensa de esta filial en España pasa por un adecuado cumplimiento normativo en materia de prevención penal.

Aunque es pronto para dar una respuesta concreta a si existe responsabilidad penal para esta mercantil, si podemos valorar los elementos que han de ser enjuiciados para tal fin, y afirmar que nuestros tribunales no destacan esta responsabilidad penal de SEAT S.A, a falta de conocer datos técnicos que permitan su imputación y su condena.

En fecha 28 de septiembre de 2015, Manos Limpias formuló querella  contra Volkswagen Audi España S.A.; Volkswagen Navarra S.A.; y contra el SEAT S.A., así como contra sus presidentes por la presunta comisión de los delitos: CONTRA LOS CONSUMIDORES, establecido en los artículos 278 y siguientes del Código Penal, ESTAFA, contemplado en los artículos 248 y siguientes del Código Penal, CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, de conformidad con los artículos 325 y siguientes del Código Penal, FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL plasmado en el artículo 392 y 395 del Código Penal,  FRAUDE, en atención a lo considerado en el artículo 436 del código, y, complementariamente a éste, el delito contra la HACIENDA PÚBLICA, recogido en el artículo 305 del texto sobredicho.

Querella Manos Limpias

El pasado 28 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional dictó Auto de admisión a trámite de la querella presentada por el Sindicato Manos Limpias,  a la que se sumaron las interpuestas por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y otros,  por la Asociación de Perjudicados por Entidades financieras, y por la Asociación del Defensor del paciente.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, en informe de fecha 15 de octubre, evacuando el trámite procesal oportuno, tras razonar cuestiones de legitimación y competencia,  establece literalmente:

“Toda vez que nos encontramos ante un supuesto en el que se evidencia la posible responsabilidad penal de una persona jurídica, practíquense las siguientes actuaciones:

  1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 118-5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, notifíquese al Grupo Volkswagen la iniciación de este procedimiento penal, con requerimiento para la designación de una persona que a represente, así como Abogado y Procurador.

*. De conformidad con lo estipulado en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, convóquese a la persona designada a la comparecencia referida en dicho precepto a fin de transmitirle la información a que tiene derecho.

*. Al objeto de comprobar si concurre o no la circunstancia eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas prevista en el artículo 31 bis 2 del Código penal, recábese el Grupo Volkswagen en informe relativo a las medidas de control y supervisión que, en  su  caso, hubieran adoptado con anterioridad a la comisión de los hechos para su prevención

Una vez se reciba el listado completo de los vehículos afectados, recábese del Ministerio de Industria, Energía y Turismo informe relativo al montante de las ayudas públicas concedidas para su adquisición.”

Por lo tanto, el Ministerio público, no sólo cita a la empresa a fin de que se persone en el procedimiento como posible responsable penal, sino que realiza una serie de requerimientos a fin de conocer los sistemas de prevención de delitos instaurados en sus empresas; de ver si contaban con manuales y procedimientos en materia de prevención penal adecuados, poniendo en práctica el artículo 31 bis 2 del Código penal, a fin de poder aplicar una eximente penal.

Para ello debe valorar si:

1.ª   el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas.

2.ª   cómo ha sido la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención

3.ª   si los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª   no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

Se trata no sólo de saber si “formalmente” contaban con un sistema de prevención penal sino si dicho sistema se adapta a una realidad práctica, si es ajustado a los riesgos y necesidades de la empresa y de conocer quién y cómo se vela por su cumplimiento efectivo.

Este requerimiento de la Fiscalía, traduce y aplica la nueva estructura que a raíz de la reforma de 2015 han de seguir los  Compliance Penales; muy alejada, y no siempre por causa imputable al empresario, de los manuales de cumplimento normativo de los que hasta la fecha se ha hecho uso en nuestro país, los cuales se limitaban a cumplir determinados aspectos formales, pero olvidando la realidad de la empresa, sus riesgos, su capacidades o comportamientos peligrosos, y por supuesto las tareas de seguimiento y disciplina necesarias para dar cumplimiento efectivo a toda norma.

Así, estos manuales, olvidaban la base de cualquier sistema de gestión: un adecuado análisis de la empresa y sus riesgos, y la adopción de medidas de prevención eficaces para reducir la exposición a los mismos.

Este proceso no ha hecho más que empezar, y son muchas las trabas con la que se puede encontrar, tales como cuestiones relativas a la norma aplicable en el momento de comisión de los hechos, o problemas relativos a la doble incriminación, regulada en nuestra legislación nacional es el art. 23.2, apartado c), de la LOPJ, pues estos hechos pueden constituir delito tanto en Alemania, como en España,

Parece evidente que queda mucho camino por andar en esta materia y mucha tinta que gastar en el análisis de cada uno de sus aspectos. Lo que si podemos afirmar, frente a toda duda, y a salvo de matizaciones o interpretaciones de la Ley, es que se trata de una realidad aplicable y que todas las empresas han de adaptarse necesariamente a esta nueva realidad. El caso de SEAT S.A. es tan solo un ejemplo práctico, visible y público de esta necesidad.

Sara Ayuso Langa

Directora del Departamento Jurídico

LEX CONSULTING ABOGADOS.

logo_home2

También te podría interesar

No hay comentarios

Deja una respuesta