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Retrasos, Cancelaciones Aéreas Y Denegación De Embarque: Compensación Y Asistencia A Los Pasajeros Afectados

DelayedLa llegada de la temporada estival, con las tan deseadas, y para muchos, merecidas vacaciones, implica que numerosas personas elijan un destino en el que emplearán para desplazarse como medio de transporte el avión; transporte del que razonablemente el usuario espera el mínimo tiempo de viaje por resultar el medio de transporte más rápido, pero, ¿qué ocurre y qué derechos nos asisten si nuestro vuelo sufre un retraso o se cancela? ¿Cómo podemos actuar ante tal situación? ¿Qué exenciones de responsabilidad puede oponernos nuestra compañía aérea para que no opere la compensación que la ley reconoce?

Los casos de cancelación, gran retraso e incluso los de denegación de embarque en nuestro vuelo, suponen un cumplimiento defectuoso del contrato de transporte en su fase de ejecución, y en ellos la protección de los intereses económicos de los usuarios y consumidores, merece una especial tutela tal y como reconocen los artículos 8 b), 19 del TRLGDCU (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios); dentro del mismo cuerpo legal, los artículos 147 y 148 tratan sobre el régimen de responsabilidad causado por bienes y servicios entre los que incluye los servicios relativos a los medios de transporte, y vienen a destacar la responsabilidad de los transportistas por los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios indemnizando a los mismos en caso de incumplimiento del prestador, creando en consecuencia una obligación “ex lege” de indemnizar el perjuicio irrogado al consumidor ante el retraso sufrido o la cancelación del vuelo.

Pero además, en estos casos, son aplicables por mandato del principio de efecto directo y por remisión expresa del propio TRLGDCU “los Convenios Internacionales”, destacando esencialmente el Convenio de Montreal de 28 de Mayo de 1999 para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, y esencialmente, el Reglamento de la Unión Europea 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y cancelación o gran retraso de los vuelos.

Inicialmente, el mencionado Reglamento no contemplaba de manera expresa el derecho de los usuarios a ser compensados económicamente por los retrasos sufridos, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con fecha de 19 de noviembre de 2009, dictó una sentencia ante los casos C-402/07 y C-432/07, mediante la que se habilitaba la invocación del derecho a ser compensado económicamente de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento 261/2004 para los casos de gran retraso en función del tiempo del retraso sufrido, que siempre deberá ser superior a tres horas, y de la distancia del vuelo. Dicha jurisprudencia puede invocarse directamente ante los tribunales españoles en el ejercicio de acciones jurisdiccionales, y dicho derecho operará cuando un pasajero soporte una pérdida de tiempo igual o superior a 3 horas en su llegada al destino final sobre la hora inicialmente prevista por el transportista aéreo, además de en los mencionados casos de cancelación del vuelo y denegación del embarque.

Sin embargo, todos los instrumentos legales que hemos mencionado recogen la posibilidad de que la obligación de la compañía aérea de pagar una compensación quede exonerada por la prueba de que el retraso se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables, siendo importante aclarar en este sentido que el TJUE ya ha declarado que el concepto de “circunstancias extraordinarias”, utilizado para que opere la exención del pago de la compensación correspondiente, no se aplicará a un problema técnico surgido en una aeronave que provoque el retraso de un vuelo, y ello por ser inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo, habiéndose manifestado en el mismo sentido consolidada jurisprudencia de los tribunales españoles de conformidad con la doctrina del riesgo de la actividad económica empresarial de las compañías aéreas.

En el caso de la cancelación de un vuelo, es reciente la jurisprudencia del TJUE que ha interpretado pormenorizadamente el artículo 5.1 c) referido a la operatividad de la compensación para el usuario en caso de cancelación, en su sentencia dictada el 11 de mayo de 2017, Asunto C-302/16, en el que un ciudadano que contrató un vuelo con una agencia de viajes para el 14 de noviembre de 2014, fue informado con fecha 4 de noviembre de 2014 de la cancelación del mismo, a pesar de que la compañía aérea había informado a la agencia el 9 de octubre de 2014 cumpliendo teóricamente, y según su criterio, con el preaviso de al menos dos semanas que marca el Reglamento 261/2004 para que no operase el derecho a compensación económica del pasajero. Por su parte, la agencia de viajes indicó que no asumía responsabilidad alguna, puesto que su mandato se limitaba a la celebración de contratos entre los pasajeros y los transportistas aéreos, siendo éste último el único responsable de informar a los pasajeros de tal situación, al que se transmitía, en el expediente de reserva, el correo electrónico de cada pasajero. Planteado el conflicto, el TJUE resolvió y aclaró, que de conformidad con el Reglamento 261/2004, corresponde al transportista aéreo demostrar que informó a los pasajeros de la cancelación del vuelo y en qué momento lo hizo, estando obligado a pagar la compensación y no operando la exoneración de responsabilidad, si no consigue probar que el pasajero ha sido informado de la cancelación de su vuelo con más de dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista. Precisando el Tribunal además, que esa interpretación es válida también cuando el contrato de transporte se ha celebrado por intermediación de un tercero, y no directamente con el transportista aéreo, aunque todo ellos sin perjuicio de que dicho transportista tenga derecho a reclamar una compensación o repetir contra cualquier persona, terceros incluidos, a la que pueda achacarse el incumplimiento de sus obligaciones.

Por tanto, y en conclusión, si nos enfrentamos a los graves trastornos y molestias que como pasajeros nos puede ocasionar la cancelación, el gran retraso o la denegación de embarque en un vuelo, debemos tener en cuenta que nos asisten una serie de derechos que debemos exigir que nuestra compañía nos comunique de forma exhaustiva para poder ejercerlos eficazmente minorando los perjuicios que un incidente como este nos provoca cuando viajamos en transporte aéreo.

Noelia Vázquez Gómez
Abogada
Lex Consulting Abogados S.L.

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