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Testigos Del Miedo

testigoEntrevista y colaboración de nuestra abogada, Noelia Vázquez Gómez, en el reportaje realizado por Susana Zamora, de Grupo Vocento, sobre la figura del Testigo Protegido, su regulación legal y la práctica legal con esta figura

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Se prestan a colaborar con la justicia y sus testimonios son cruciales para esclarecer delitos. Pero la ley «se queda corta» para protegerlos de amenazas y agresiones. A algunos sus denuncias les han arruinado la vida

Su vida es un infierno desde que decidieron colaborar con la justicia. Es una obligación que tienen todos los ciudadanos en España, pero a algunos les puede salir muy caro. Son hostigados para que no declaren, amenazados de muerte y sufren agresiones. Una realidad dramática y lacerante que denunció públicamente hace dos semanas uno de los testigos del ‘caso Cursach’, en Palma de Mallorca, una macrocausa de corrupción que desde hace cinco años investiga los negocios de ocio nocturno del empresario Bartolomé Cursach y la implicación en la trama de políticos y altos mandos de la policía local. «Estoy aterrado. No puedo salir a la calle si no es acompañado de un escolta», declaró este testigo, el número 29, a la cadena Ser. «Me dieron una paliza en la que me rompieron un diente y un par de costillas tras arrastrarme por todo el hormigón del garaje; pensaba que ese día me quitaban de en medio», aseguró el hombre, a quien también han dejado una esquela con su nombre en el buzón.

Harto de ver cómo en el local donde trabajó durante cinco años (del grupo empresarial ahora investigado) «llegaban mujeres de los países del Este, les quitaban los pasaportes, las prostituían y las extorsionaban», se decidió un día a denunciar. Quería ayudar, pero se arruinó la vida. No midió las consecuencias y ahora duda de si volvería a hacerlo, porque pese a ser un testigo protegido nunca se ha sentido a salvo.

Su sensación no es aislada y, según el juez decano de Málaga, «el caso de Mallorca es una propaganda muy mala. ¿Quién va a querer así colaborar con la justicia?», lamenta José María Páez. Medio millar de personas en España se preguntan si realmente merece la pena correr riesgos e incluso hipotecar sus vidas y las de sus familias para ayudar a la justicia a esclarecer un caso, aunque sea como testigos protegidos. El artículo 118 de la Constitución recoge el deber de todos los ciudadanos de colaborar con jueces y tribunales. Hasta se prevén multas y penas de cárcel si no se hace por desobediencia u obstrucción a la justicia. La información de un testigo puede ser determinante para esclarecer un delito, pero muchos no están dispuestos a convertirse en héroes ni, por supuesto, en mártires de la causa. Por eso, en procedimientos muy peliagudos, relacionados con terrorismo, mafias de narcotráfico y redes de tráfico de personas, o de gran repercusión mediática, se muestran reticentes ante el riesgo de sufrir represalias.

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Una testigo protegida responde en un juicio a Juan Carlos Aguilar, el falso monje shaolín / EFE

En ese contexto de potencial peligro y, sobre todo, en el que sufrían los agentes de las fuerzas de seguridad por la amenaza terrorista cuando iban a declarar a un juicio, nació la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a testigos y peritos en causas criminales. Una ley a todas luces «inacabada, imprecisa e insuficiente» para garantizar su seguridad, según los expertos. «Esta ley tenía que haber sido desarrollada con carácter reglamentario por el Gobierno; se dio un año para hacerlo, pero nunca lo hizo», asegura Noelia Vázquez, abogada del despacho Lex Consulting. Y de aquellos barros vienen estos lodos, ya que la ley, de tan solo cuatro artículos, «se queda corta» y no contempla situaciones a las que hoy se enfrentan muchos ciudadanos. Ocurre en casos de trata de mujeres, cuyas denuncias son «auténticos actos de valentía», afirma Rosa Cendón, coordinadora del área de incidencia de Sicart Cat, un programa de atención integral a las mujeres que la congregación de las Adoratrices desarrolla en Cataluña. «Nuestra tarea es no generar falsas esperanzas sobre lo que representa ser un testigo protegido. A veces estas mujeres que cuentan el horror vivido en los clubes de alterne no son conscientes ni del peligro que corren ni de las consecuencias administrativas de su colaboración. Cuando se les toma declaración no se les informa bien, no se miente, pero no se dice toda la verdad. El sistema las utiliza, con lo que se las victimiza dos veces. Al denunciar, adquieren el permiso de residencia por un año (renovable) y si la sentencia reconoce el delito de trata, lo obtienen por cinco. El problema es que si no lo hace, el Gobierno las expulsa inmediatamente sin tener en cuenta la implicación y el riesgo personal que ha corrido esa mujer», denuncia Cendón.

Todo indica que la ley se ha quedado «obsoleta» por no cumplir con lo que se le requiere, «empezando porque los testigos no se sienten seguros», afirma Ignacio González, portavoz de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. «Hay que agradecerles su colaboración y lo menos que se puede hacer es garantizarles su seguridad. Para eso, lo que no parece lógico es que las dos partes coincidan en la misma sala de espera, que entren por la misma puerta del juzgado a declarar o que tenga que volver al mismo domicilio conocido», expone González. Y ahí, precisamente, radica uno de los principales inconvenientes de la norma, porque esas necesidades llevan aparejados unos medios materiales y económicos que no siempre se tienen. «Los jueces podemos sugerir la asignación de un escolta, incluso un cambio de domicilio a otra ciudad, pero sin trabajo y unos ingresos que le facilite la administración es difícil partir de cero», indica el magistrado malagueño José María Páez.

Cuando un juez otorga a un testigo la condición de protegido se le asigna en la causa un número y se introduce su verdadero nombre y apellidos en un sobre aparte que queda custodiado en sede judicial. «Pero, en ocasiones, la relación personal con el acusado es tan evidente que acaba sabiendo quién le ha denunciado», advierte Pallarés. Conscientes de ello, la propia policía, durante la toma de declaración al testigo, cambia detalles circunstanciales (que comunica siempre al juez) para despistar al denunciado, «por ejemplo, en vez de indicar que lo vio por la ventana, ponemos que lo hizo cuando paseaba», afirma un agente de la Policía Nacional.

Son muchas las voces que reclaman un catálogo de medidas concretas, que prevean los medios necesarios no solo para preservar con todas las garantías la identidad del testigo durante la instrucción, sino también en el juicio, bien declarando por videoconferencia, tras un biombo, distorsionando su voz o usando un disfraz. Pero a veces esto resulta un problema, ya que colisiona con el derecho de la defensa. «Este aspecto ha generado siempre mucha controversia, porque al llegar a juicio donde hay que practicar la prueba es frecuente que las defensas exijan que el testigo se exponga para comprobar la verosimilitud de su testimonio», advierte Juan Carlos López, fiscal jefe de Málaga. «El testigo protegido puede estar mintiendo o inventándose una historia, pero si se expone el acusado puede tener la oportunidad de reconocerlo y comentarle a su abogado si tiene un interés espurio contra él», detalla la abogada Noelia Vázquez.

Ocurrió precisamente hace dos años, cuando un testigo protegido reconoció en el juicio a Jorge Olaiz como el etarra que quiso acabar con la vida de un exconcejal de UPN y declaró con bigote y barba postiza para que no lo reconociese el acusado. Pero éste pidió levantarse del banquillo para poder ver el rostro del compareciente en virtud de su derecho de defensa. Presa del miedo, se negó a atender la solicitud del tribunal para que se despojase de su disfraz. Tenía un argumento de peso: «Tengo miedo a que me metan dos tiros en la espalda».

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